Nada se ha hecho por incorporar al Estado a las 1.500
comunidades nativas existentes en el Perú.
Fuente: El Comercio - Editorial - 15-06-2009
Se han dado a conocer dos noticias que abren nuevas esperanzas sobre la crisis amazónica que interpela al país en su conjunto.
Una es el inminente inicio del diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros con todas las partes interesadas, a través del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, integrado también por representantes de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, de cinco gobiernos regionales con injerencia en el tema y de las comunidades indígenas amazónicas, algunas de las cuales mantenían hasta ayer algunas carreteras bloqueadas.
La segunda noticia tiene que ver con el compromiso del presidente Alan García de acatar los acuerdos de la mencionada comisión de diálogo, que ya tiene un cronograma de trabajo y, al parecer, voluntad política y ánimo de consenso.
Este es un cambio de actitud en el mandatario que el país celebra y espera que se mantenga. Y es que abandonar la confrontación y los gestos de intolerancia de uno y otro lado resulta tan oportuno como reconocer el carácter vinculante de un grupo de trabajo que tendrá la difícil tarea de restaurar lazos de confianza con comunidades que aún no se sienten representadas por el Estado.
De lo que se trata es de empezar a “reconstruir el escenario de una relación quebrada”, como bien expresó la defensora del pueblo, Beatriz Merino, en la mesa redonda con expertos en el tema amazónico y ambiental que organizó El Comercio para analizar esta crisis que, de acuerdo con nuestros invitados, va más allá de los graves problemas producidos la semana pasada en Bagua.
Por ejemplo, nada se ha hecho por incorporar al Estado a las 1.500 comunidades nativas existentes en el Perú, que ocupan el 60% del territorio amazónico, con los mismos derechos constitucionales que alcanzan a todos los peruanos, incluyendo el de participar en la definición de un modelo de desarrollo sostenible que solucione sus lacerantes problemas.
Pensar en excluirlos en la toma de decisiones ha demostrado ser una política errada. No solo porque el Perú debe cumplir con el Convenio 169 de la OITsobre pueblos indígenas y tribales, sino porque no hay otra salida en la convulsa coyuntura que estamos viviendo.
Como se anotó en la mesa redonda de El Comercio, el Gobierno tendría que empezar por dar seguridad jurídica a la propiedad de las tierras en la Amazonía, donde hay siete millones de hectáreas sin sanear, independientemente de otros territorios considerados reserva territorial, cuya situación legal tampoco se ha resuelto.
El Congreso también debería incorporarse al diálogo con las comunidades para explicarles los alcances de la suspensión de los decretos legislativos sobre la selva. Esto implica, en lo obvio, traducir dichas normas a las lenguas indígenas, para evitar el “teléfono malogrado” o la intermediación de quienes interesadamente quieren llevar agua para su molino.
En definitiva, el Estado Peruano debe convertirse en el abanderado de los pueblos amazónicos, un papel que ciertos sectores políticos han comenzado ya a suplantar.
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